La Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores durante la COVID-19: dificultades y aprendizajes

Abstract

Pese a que los datos son provisionales, al no haberse publicado aún datos oficiales específicos, España es uno de los países desarrollados más afectados por el virus y uno de los que muestra peores resultados en relación al número de fallecidos en residencias de personas mayores. Entre marzo y agosto de 2020, al menos la mitad de las personas fallecidas en España con COVID-19 o sintomatología compatible, lo han hecho en estos centros, que en 2019 eran la vivienda habitual de más de trescientas mil personas.

Aunque es prematuro establecer cuál es el peso relativo de la gestión de la pandemia frente a otros factores en el recuento de víctimas de la COVID-19, todo indica que, si hubiera habido medidas para prevenir la entrada del virus y controlar los contagios en las residencias, la cifra de fallecidos en España podría haber sido menor. Con el propósito de entender mejor lo que ha ocurrido en estos centros de mayores y facilitar la incorporación de la experiencia que tanto ha costado adquirir en esta crisis, en nuestro estudio se han identificado dificultades de gestión de la COVID-19 a las que se enfrentaron los responsables organizativos e institucionales de las residencias de personas mayores españolas entre enero y agosto de 2020.

Con este fin, se han llevado a cabo 25 entrevistas en profundidad a responsables de residencias (directores, gerentes y directores médicos) en distintas Comunidades Autónomas (CCAA), así como a responsables de la gestión de los servicios sociales y la sanidad de las administraciones autonómicas y central. Además de las entrevistas, se han consultado numerosos documentos producidos tanto por las propias administraciones, como por organizaciones independientes, y las respuestas a un cuestionario elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) que solicitaba información sobre lecciones aprendidas a las administraciones autonómicas, a las administraciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a los sindicatos y a las patronales de las residencias.