La privatización del control migratorio y sus críticas

Abstract

[EN] The increasing participation of non-public actors in the implementation of migration control policies, known as privatization, is one of the innovations of increasing importance in the management of migration flows, with implications for sovereignty, jurisdiction, legitimacy or public accountability. Privatization and outsourcing of services traditionally provided by States has taken various forms and degrees of intensity. In a growing number of countries, States have delegated certain functions to companies that provide services, technology, equipment, knowledge or infrastructure. In other cases, this sub-delegation has involved social organizations and private non-profit foundations. We also observe the forced incorporation of private actors in the implementation of control, as in the case of passenger transport companies. Criticism of privatization focuses on the growing influence of security and technology companies in how States make decisions concerning control policies. There are also concerns about the effects of privatization on the whole of migration policy, due to the pursuit of private profits through the expansion and diversification of control measures, and the effects of cost reductions in the quality of services and goods provided. Criticism includes that these delegation practices can blur the legal responsibility of States and remove their actions from public scrutiny and institutional oversight

[ES] La creciente participación de actores no públicos en la implantación de las políticas del control migratorio, conocida como privatización, es una de las innovaciones de creciente importancia en la gestión de los flujos migratorios, con implicaciones para la soberanía, la jurisdicción, la legitimidad o la supervisión pública. La privatización y subcontratación de los servicios tradicionalmente proporcionados por los Estados ha adoptado diversas formas y grados de intensidad. En un creciente número de países los Estados han delegado ciertas funciones a empresas que suministran servicios, tecnología, equipamiento, conocimiento o infraestructuras. En otros casos esta subdelegación se ha realizado a organizaciones sociales y fundaciones privadas sin ánimo de lucro. También se observa la incorporación forzosa de actores privados en la implementación del control, como en el caso de las compañías de transporte de pasajeros. Las críticas a la privatización se centran en la creciente influencia las empresas de seguridad y de tecnología en la toma de decisiones del control migratorio. Se añade la preocupación por los efectos de esta privatización para el conjunto de la política migratoria, debido a la búsqueda de beneficios empresariales por la vía de la expansión y diversificación de las medidas de control y los efectos que la reducción de costes puede tener en la calidad de los servicios y bienes suministrados. También se alude a que estas prácticas de delegación difuminan la responsabilidad legal de los Estados y alejan sus acciones del escrutinio público y de la supervisión institucional.